Un estudio de la firma KPMG LLP advierte que el comercio ilícito de cigarrillos se ha consolidado como una característica estructural del mercado en América Latina, con México entre las 11 naciones donde este fenómeno impacta gravemente la economía y la seguridad.
El informe señala que el consumo de tabaco ilegal en la región alcanzó una tasa del 31.9%, casi el doble del promedio global estimado en 15%. De acuerdo con el análisis, este crecimiento está impulsado por regulaciones estrictas y aumentos fiscales abruptos que, lejos de erradicar el tabaquismo, han desplazado la demanda hacia mercados ilegales con productos más baratos, pero sin controles sanitarios.
Además del impacto en la industria formal, esta economía paralela representa una fuerte pérdida de ingresos públicos. Tan solo en 2025, los 11 países analizados registraron una merma fiscal estimada en 8,500 millones de dólares.
El reporte detalla que el comercio ilegal ha mostrado mayor resiliencia que el mercado formal. Aunque el consumo total de cigarrillos tiende a disminuir por la presión regulatoria, el mercado ilícito se mantiene elevado, impulsado principalmente por los llamados “cigarrillos blancos ilícitos”, que representan el 73% del total ilegal, es decir, unos 56,500 millones de unidades.
Estos productos son fabricados legalmente en un país, pero ingresan de contrabando a otros mercados —como el mexicano— sin el pago de impuestos. Autoridades también han vinculado este tráfico con redes criminales más amplias que utilizan las mismas rutas para otras actividades ilícitas.
En este contexto, Marco Hannappel, presidente de Philip Morris International para América Latina y Canadá, llamó a las autoridades a diseñar políticas basadas en evidencia y cooperación. Señaló que una regulación equilibrada, que incluya la comercialización de productos libres de humo, podría contribuir a reducir tanto el tabaquismo como el comercio ilegal.
El informe concluye que en países como México es necesario reforzar la aplicación de la ley y mejorar los sistemas de inteligencia para frenar el avance del mercado ilícito, el cual debilita la efectividad de las políticas de salud pública y las instituciones nacionales.