Texas, EE.UU.— En una decisión dividida, un tribunal federal de apelaciones autorizó que el estado de Texas exija a sus escuelas públicas colocar pancartas con los Diez Mandamientos en las aulas, al considerar que la medida no viola la Constitución.
El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con una votación cerrada de 9 jueces a favor y 8 en contra, lo que refleja la profundidad del debate jurídico en torno al tema.
La mayoría sostuvo que la ley, aprobada por la legislatura estatal el año pasado, no implica una imposición religiosa ni coacciona a estudiantes o familias. De acuerdo con el dictamen, la norma no interfiere con la autonomía de las instituciones religiosas ni obliga a adoptar creencias específicas.
“No les dice a las iglesias, sinagogas o mezquitas qué creer ni cómo rendir culto”, señala el fallo, al defender que la disposición se mantiene dentro de los márgenes constitucionales.
Sin embargo, los jueces disidentes advirtieron que la medida contraviene principios fundamentales de la Primera Enmienda de Estados Unidos, al considerar que podría generar presiones indirectas sobre estudiantes en entornos educativos públicos.
El debate se centra en la interpretación del principio de separación entre Iglesia y Estado, consagrado en la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe al gobierno establecer una religión o limitar su libre ejercicio.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de decisiones recientes, como el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2022 sobre el caso Kennedy contra el distrito escolar de Bremerton, que permitió una oración personal en un entorno escolar y abrió la puerta a interpretaciones más flexibles sobre la presencia de expresiones religiosas en espacios públicos.
Texas no es el único estado en esta línea. Legislaciones similares han sido impulsadas en entidades como Luisiana, Carolina del Sur y Utah, lo que apunta a una tendencia nacional en torno al papel de la religión en la educación pública.
Tras la resolución, los demandantes —entre ellos familias y organizaciones civiles— manifestaron su inconformidad y anunciaron que buscarán llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con el objetivo de obtener una resolución definitiva sobre este conflicto constitucional