Nueva York.— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias enmendadas que permiten a los abogados defensores de Nicolás Maduro recibir pagos del Gobierno de Venezuela, siempre que se cumplan condiciones específicas, en el marco del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores.
De acuerdo con documentos judiciales, los recursos deberán provenir de fondos disponibles para el Gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026 y no podrán derivarse de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
Giro en la postura de Washington
La medida representa un cambio relevante en la estrategia del gobierno estadounidense, que anteriormente había bloqueado el acceso a estos recursos argumentando motivos de seguridad nacional y política exterior.
Con esta decisión, se flexibilizan parcialmente las sanciones para permitir que el proceso judicial avance sin obstáculos relacionados con el financiamiento de la defensa legal.
Defensa alegó violación a derechos
El equipo legal de Maduro, encabezado por el abogado Barry Pollack, sostuvo previamente que impedir el pago de honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de todo acusado a contar con una defensa adecuada y de su elección.
Con base en este argumento, la defensa incluso solicitó la desestimación del caso.
Juez cuestiona a la Fiscalía
Durante una audiencia celebrada el 26 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la postura de la Fiscalía, al considerar que, tras su captura y traslado a territorio estadounidense, los acusados ya no representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Proceso en curso
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas y trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado “no culpables” de cargos que incluyen conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína.
Se prevé que el juicio formal contra la pareja inicie en un plazo de uno a dos años, mientras continúa el desarrollo de un caso que ha generado tensiones legales y políticas entre Washington y Caracas.