La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del secuestro de la periodista Roxana Guzmán, directora de un medio digital en Veracruz, luego de que el hecho quedara registrado en video y se difundiera ampliamente en redes sociales.
El secuestro ocurrió la semana pasada en el estado de Veracruz, una de las entidades con mayores antecedentes de agresiones contra periodistas en México. En las imágenes, de aproximadamente 35 segundos de duración, se observa cómo dos hombres encapuchados irrumpen violentamente en el domicilio de la comunicadora. Uno de ellos utiliza un mazo para forzar la entrada, mientras que el segundo, portando un fusil, termina de derribar la puerta a patadas antes de ingresar al inmueble.
La atracción del caso por parte de la autoridad federal se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores en la entidad, donde recientemente también fue asesinado el reportero Luis Ángel López.
Durante una conferencia, la fiscal estatal Verónica Hernández Jiménez informó que López, especializado en la cobertura de temas policiacos, fue atacado a balazos mientras conducía un taxi y viajaba acompañado de otra persona cuya identidad aún no ha sido determinada. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima recibió al menos 18 impactos de bala.
La funcionaria señaló que, debido a los bajos ingresos que perciben muchos periodistas en algunas regiones del país, es común que desempeñen otras actividades laborales para complementar sus ingresos.
El asesinato de Luis Ángel López representa el segundo homicidio de un periodista registrado en Veracruz durante 2026. En enero pasado, el reportero Carlos Castro fue asesinado a tiros mientras se encontraba en un restaurante.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han advertido reiteradamente sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en México. De acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, más de 150 comunicadores han sido asesinados en el país desde 1994.
Activistas y organismos de derechos humanos han señalado que detrás de estos ataques podrían encontrarse tanto grupos del crimen organizado como autoridades locales, lo que mantiene a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo.