SRE propone impedir pasaportes a deudores alimentarios morosos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propone incorporar al Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje el impedimento para tramitar o renovar este documento a las personas inscritas como deudoras alimentarias morosas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

La medida forma parte de un proyecto de reforma que la Cancillería sometió a proceso regulatorio, con el objetivo de armonizar el reglamento con las disposiciones establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El proyecto plantea adicionar al artículo 46 una nueva causal de impedimento para realizar el trámite de pasaporte, dirigida a quienes aparezcan registrados como personas deudoras alimentarias, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad competente.

La propuesta establece que el impedimento podrá darse de baja una vez que desaparezcan las causas que lo originaron. Esto ocurriría cuando la persona cumpla con las obligaciones de pago de alimentos y exista la determinación judicial correspondiente para retirar su nombre del registro.

Aunque esta restricción ya está contemplada en la legislación para las personas inscritas en el RNOA, la SRE busca incorporarla expresamente al reglamento para facilitar su aplicación durante los trámites de expedición y renovación de pasaportes.

Simplificación de requisitos

El proyecto contempla además más de 25 modificaciones, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

Entre los cambios destaca la simplificación de requisitos documentales. Las oficinas de la SRE dejarían de exigir de manera automática copias impresas de documentos como actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

En su lugar, el personal deberá consultar primero las bases de datos de la propia dependencia o de instituciones como el Registro Civil para verificar la existencia de dichos documentos. Sólo cuando la información no pueda ser localizada se solicitará el documento original al interesado.

También se plantea eliminar requisitos adicionales para las personas cuyo nacimiento haya sido registrado después de los tres años de edad, como la presentación de un certificado de primaria o del acta de matrimonio de sus padres o tutores.

Asimismo, se incorporaría la CURP biométrica elaborada por la Secretaría de Gobernación como documento válido de identificación para tramitar el pasaporte de personas adultas, así como de niñas, niños y adolescentes.

La Cancillería sostiene que las modificaciones no generarían nuevos costos de cumplimiento para los particulares ni crearían nuevas obligaciones o sanciones. Por el contrario, afirma que buscan actualizar la regulación, otorgar mayor certeza jurídica y simplificar los trámites, evitando costos burocráticos innecesarios.

Los pasaportes expedidos antes de la entrada en vigor de las modificaciones mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento.

SRE apoya cobro de pensiones desde el extranjero

La Cancillería también recordó que actualmente brinda apoyo para transmitir y dar seguimiento a solicitudes de pensión alimenticia cuando el padre, madre o tutor obligado reside en el extranjero, siempre que el país correspondiente cuente con un instrumento internacional o mecanismo de colaboración con México en materia de alimentos.

Para iniciar el procedimiento es indispensable proporcionar un domicilio válido de la persona a quien se reclama el pago, debido a que la SRE no cuenta con un sistema para localizar deudores en el extranjero.

La dependencia actúa únicamente como autoridad facilitadora o intermediaria, por lo que no interviene en los tiempos de respuesta de las autoridades extranjeras ni en las decisiones de los órganos judiciales.

En el caso de Estados Unidos, la SRE advierte que algunas autoridades estatales o de distintos condados pueden rechazar las solicitudes debido a que no reconocen la reciprocidad con México en materia de pensiones alimenticias.

Por ello, recomienda solicitar orientación específica ante la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería.

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