Washington, D.C.– Luego de semanas de tensiones legales y controversia internacional, el gobierno de Estados Unidos deportó a ocho migrantes que permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una base naval ubicada en Yibuti, África oriental. La expulsión fue posible tras el fallo de la Corte Suprema que anuló una orden judicial previa que frenaba la deportación.
El grupo fue enviado a Sudán del Sur en un vuelo especial el sábado pasado, después de que el alto tribunal estadounidense fallara —por siete votos contra dos— a favor de permitir su repatriación inmediata. El juez Brian Murphy, quien inicialmente bloqueó las deportaciones, argumentaba que los migrantes debían recibir una notificación con al menos 72 horas de anticipación y la oportunidad de apelar, algo que no se respetó en los procedimientos originales.
Uno de los deportados es el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado en el estado de Florida. Fue detenido por agentes del ICE el pasado 12 de mayo y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, se le vincula con la pandilla “Brown Pride”, aunque sin un rol jerárquico relevante.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la operación al señalar que los migrantes representaban una amenaza para la seguridad: “Estos ocho delincuentes indocumentados eran tan peligrosos que ni sus propios países los querían de regreso”, aseguró, al tiempo que criticó a “jueces activistas” por haber retrasado la deportación.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte, confirmó que Muñoz Gutiérrez se encontraba en buen estado de salud y que el gobierno mexicano sigue recabando información sobre su situación.
El caso ha despertado cuestionamientos sobre el uso de bases militares para detener migrantes y las implicaciones legales de deportarlos a terceros países. Sin embargo, el gobierno estadounidense consideró la decisión judicial como “una victoria para el Estado de derecho y la seguridad nacional”.
Por ahora, Sudán del Sur no ha emitido una postura oficial sobre la llegada de los ocho migrantes.