Desde hace dos meses, Ana, Carlos y su hijo Luis prácticamente no salen de su casa en Mineápolis. El miedo a ser detenidos durante las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump los ha obligado a vivir encerrados, con cortinas cerradas todo el día y la puerta reforzada con una barra metálica para evitar que sea derribada por agentes federales.
La familia, de origen mexicano, llegó a esta ciudad del norte de Estados Unidos hace más de una década en busca de una mejor vida. Sin embargo, lo que alguna vez fue su sueño americano hoy se ha transformado en una rutina marcada por el encierro, la ansiedad y la incertidumbre.
Mineápolis se ha convertido en un foco de tensión social tras el endurecimiento de las políticas migratorias y luego de que dos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mataran a tiros a dos manifestantes, hecho que incrementó el temor entre la comunidad inmigrante.
“Es inhumano vivir así, como prisionero en tu propia casa”, relata Ana, de 47 años, quien pidió usar un seudónimo por seguridad. De sus cuatro hijos, Luis permanece con ella en el encierro, ya que nació en México. Los otros tres son ciudadanos estadounidenses, pero aun así el miedo no desaparece cuando salen a la calle.
“Sabemos que ya no se respeta nada y que por el color de la piel se pueden llevar a cualquiera”, dice Ana con la voz entrecortada. Por precaución, sus hijos deben avisar por mensaje antes de regresar; de lo contrario, no se les abre la puerta.
Luis, de 15 años, toma clases desde casa y pasa horas jugando videojuegos como forma de evasión. Sueña con poder salir libremente, incluso con algo tan simple como ir al restaurante de comida rápida al final de la calle. “Está tan cerca, pero tan lejos”, comenta.
Carlos, de 43 años, trabaja instalando encimeras de granito y no oculta su enojo. La familia ha gastado alrededor de 11 mil dólares en abogados en los últimos años para intentar regularizar su situación migratoria. Aunque ambos padres cuentan con permiso de trabajo, ese documento ya no les garantiza protección contra una posible detención o deportación.
“Te dan un papel para trabajar, pero no para estar legalmente en el país. ¿Cómo puede ser eso?”, cuestiona. Asegura sentirse engañado por el sistema y por el propio presidente. “No hemos hecho nada malo, no somos criminales”, afirma.
El temor se ha extendido entre los vecinos, especialmente tras la intensificación de redadas en ciudades consideradas bastiones demócratas, como Mineápolis, Los Ángeles y Chicago. Carlos señala que durante el primer mandato de Trump las operaciones eran más focalizadas, pero ahora el ambiente es distinto y mucho más hostil.
Mientras avanza la llamada Operación Metro Surge en Mineápolis, crecen las dudas sobre cuántas personas sin antecedentes penales están siendo afectadas. En otras ciudades, como Los Ángeles, datos recientes han mostrado que más de la mitad de los detenidos durante redadas no tenían historial criminal.
La situación económica de la familia también se ha deteriorado. Desde diciembre no han tenido ingresos y para cubrir el alquiler de enero, de 2 mil 200 dólares, tuvieron que pedir dinero prestado. No saben cómo afrontarán los próximos meses y sólo esperan que los operativos se trasladen a otras regiones.
“¿Y si esto nunca termina?”, se pregunta Carlos, consciente de que aún faltan años para que termine el actual mandato presidencial. Ana, por su parte, ya contempla la posibilidad de regresar a México. “Lo único que me mantiene aquí son los sueños de mis hijos”, confiesa.