Alejandrina Guasorna descubrió en la adultez que, al nacer, fue sometida a mutilación genital, una práctica que persiste en algunas comunidades indígenas de Colombia y que ha cobrado la vida de múltiples recién nacidas por hemorragias e infecciones.
En las zonas montañosas del departamento de Risaralda, particularmente en territorios de los pueblos Embera Chamí y Embera Katío, la ablación del clítoris continúa afectando a cientos de niñas. Aunque su origen no está plenamente documentado, especialistas apuntan a creencias ancestrales posiblemente introducidas durante la época colonial.
De acuerdo con testimonios recabados en el municipio de Pueblo Rico, la práctica se realiza en condiciones precarias: parteras utilizan instrumentos como navajas o clavos calientes en espacios cerrados. El tema sigue siendo un tabú dentro de las comunidades, donde durante décadas se normalizó la muerte de menores. “Traían niñas muertas a cada momento”, recuerda Guasorna.
Datos de la organización Equality Now señalan que entre 2020 y 2025 se registraron al menos 204 casos en el país, considerado el único de América Latina donde se documenta esta práctica, aunque existe un fuerte subregistro.
La mutilación genital femenina —condenada por la Organización Mundial de la Salud— implica la extirpación parcial o total del clítoris, con consecuencias graves para la salud física y emocional, además de violar derechos fundamentales.
Personal médico en la región, como la doctora Sarita Patiño, advierte que los casos continúan llegando a hospitales locales. En lo que va del año, ya se han atendido varios, incluido el de una bebé de seis meses con signos de infección severa.
La falta de registros oficiales y el aislamiento geográfico dificultan dimensionar la magnitud del problema. Según la líder indígena Francia Giraldo, muchas niñas fallecen sin ser registradas: “Se vacían de sangre y algunas madres no las llevan al hospital”.
Ante este panorama, legisladoras como Carolina Giraldo han impulsado un proyecto de ley que busca prohibir la práctica sin criminalizar a las parteras, a quienes consideran víctimas de desinformación. La iniciativa prioriza la educación y prevención, aunque enfrenta tiempos limitados para su aprobación en el Congreso.
El silencio y el peso cultural siguen siendo grandes obstáculos. Dentro de las comunidades, hablar del tema genera incomodidad o evasión, lo que complica los esfuerzos por erradicar una práctica que, según la ONU, ha afectado a más de 230 millones de mujeres en el mundo.
Líderes comunitarias insisten en que el cambio debe venir acompañado de presencia institucional y programas de concientización en territorios remotos. Mientras tanto, la ablación continúa siendo una realidad oculta que pone en riesgo la vida de niñas en Colombia.