La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre diversas acciones derivadas de investigaciones administrativas y judiciales contra exservidores públicos de instituciones federales, por presuntas irregularidades relacionadas con el incremento injustificado de su patrimonio y abuso de funciones.
En un primer caso, tras una investigación de evolución patrimonial realizada a un servidor público entonces adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, se detectó un incremento injustificable en su patrimonio por 7 millones 268 mil 750 pesos, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017.
Derivado de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la denuncia correspondiente, y un juez de Control con sede en Ensenada vinculó a proceso al exservidor público identificado como Ramón “N”, subdirector del referido centro, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
En un segundo caso, una investigación administrativa relacionada con un exservidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, determinó un incremento patrimonial no justificado por 6 millones 500 mil 496 pesos entre 2010 y 2017.
Por estos hechos, la FGR también presentó denuncia penal y un juez de Control en la Ciudad de México vinculó a proceso a Armando “N”, jefe de departamento en el IMSS, imponiéndole la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad correspondiente.
La dependencia reiteró el respeto al debido proceso y subrayó que todas las personas señaladas mantienen su presunción de inocencia, conforme a la legislación vigente, por lo que el proceso continuará con estricto apego a la ley.
Asimismo, se informó que la Unidad de Combate a la Impunidad acreditó faltas administrativas graves en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, INFOTEC, lo que derivó en sanciones impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Entre las sanciones destacan la inhabilitación por 10 años y multa de más de 10.9 millones de pesos para Hilda M., directora adjunta de Administración, así como la inhabilitación por 20 años y sanción económica por el mismo monto para Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio.
La Secretaría señaló que las personas sancionadas podrán impugnar las resoluciones y que, en su caso, las autoridades defenderán las determinaciones emitidas.
Finalmente, reiteró que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno, e invitó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: denuncias.gob.mx.
La dependencia concluyó que quien incurre en actos de corrupción traiciona la confianza pública y debe enfrentar las consecuencias conforme a la ley.