La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez vinculó a proceso a 26 personas presuntamente relacionadas con una red de manipulación de plazas laborales en dependencias del Gobierno del Estado de México (GEM), esquema mediante el cual se habrían desviado más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.
De acuerdo con la institución, la investigación involucra a 33 exservidores públicos, servidores públicos y particulares. Además, un imputado mantiene pendiente la definición de su situación jurídica, mientras que cinco personas promovieron juicios de amparo.
La FGJEM señaló que la presunta operación irregular habría funcionado desde 2021 mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que cobraban salarios sin prestar servicio alguno, bajo la modalidad conocida como “aviadores”.
Entre los investigados se encuentran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, coordinadores, delegados administrativos, directores de área, subdirectores y personal operativo que laboró en las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, así como en la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).
Las indagatorias comenzaron luego de que el Gobierno del Estado de México denunciara 459 movimientos de alta de personal docente cuyos titulares, presuntamente, no desempeñaban funciones en los planteles a los que fueron asignados. La Fiscalía indicó que las investigaciones permitieron detectar irregularidades documentales, el intercambio indebido de claves de acceso al Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) y el registro de docentes en escuelas inactivas.
Según la dependencia, los denominados “reclutadores” incorporaban principalmente a familiares y personas cercanas, quienes permitían el uso de sus datos personales para ser registrados en la nómina. Posteriormente, terceros retenían las tarjetas bancarias y distribuían los recursos obtenidos entre los integrantes de la presunta red.
La Fiscalía aseguró que, por cada 200 mil pesos depositados como salario, los llamados “falsos docentes” recibían únicamente 6 mil pesos, mientras que el resto del dinero era repartido entre quienes presuntamente coordinaban el esquema.
Como parte de las investigaciones, la FGJEM también integró mensajes en los que presuntamente se instruía a los beneficiarios cancelar cuentas bancarias y negar cualquier vínculo laboral con el gobierno una vez iniciadas las auditorías. En uno de los mensajes incorporados al expediente se lee: “Nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno”.
La carpeta de investigación está integrada por 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas que incluyen entrevistas, peritajes, inspecciones y diversa documentación que sustentó la solicitud de órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso.
Los imputados enfrentan cargos por los delitos de fraude y abuso de autoridad, al considerar la Fiscalía que presuntamente simularon contrataciones de personal docente para desviar recursos públicos, ocasionando un daño patrimonial al Gobierno del Estado de México.